Artículo 19

Constituye delito de defraudación aduanera para los funcionarios públicos. El cambio de la unidades arancelarias, la disminución de la cantidad, del valor o la fijación del mismo en forma manifiestamente irreal o improcedente, que efectúan los funcionarios aduaneros en la aplicación de gravámenes que no correspondan a las mercancías que se aforan. Para los efectos de este artículo se consideran valores reales o improcedentes los que alcancen al cincuenta por ciento (50%) de su precio de costo en el mercado de origen. La ocultación de denuncias que las autoridades aduaneras reciban sobre contrabando o defraudación y la obstaculización de su trámite.